La posible explicación para la primera derrota del gobierno es el rechazo del electorado. Una variable explicativa válida es el hecho de que el paquete es impopular. Como el sistema de allá es distrital, eso permite que el elector llame para el gabinete del diputado y cobra directamente el parlamentario de su distrito. Eso llevó la presión por el voto contrario. Pero, con el aumento del seguro de los ahorros y cuentas privadas – que pasaron a ser garantizadas cuentas no solamente US$ 100 mil, pero hasta US$ 250 mil dólares – y la fábrica de salchichas de cualquier parlamento, sumada a la presiones de los opinólogos, economistas de corte neoliberal, periodistas “dichos especializados” es probable que la farra venida del contribuyente de los EUA, aumentando la deuda pública interna y cuya cuenta pagaremos el mundo todo, debe ser aprobado. El pacto de élites aprobó, en los bastidores, el paquete de salva vidas de los corsarios de las finanzas y siendo que en Senado el proyecto de US$ 700 mil millones. El acuerdo para el paquete de salvación fue apoyado por los candidatos a presidente, pues tanto Barack Obama como John McCain votaron a favor en Senado.

Lo que poca gente, aún en el campo de las izquierdas de corte marxista más lúcido, se olvidó de decir es que la variable crimen organizado es un factor que genera la aventura financiera y los fraudes seguidos. Ya estamos acostumbrados a escuchar locuras de tipo profético como “!el capitalismo si va a matar a si mismo!”. Este tipo de absurdo no es raro. Tengo la costumbre de decir que si tengo duda, la gente pregunta para la derecha más ideológica y ella misma sabrá dar las respuestas desnudas y crudas para la limpieza de su campo de actuación. El esquema del préstamo de hipotecas sin fin teniendo por base datos falsos o poco confiables sumada a una larga suma de moneda digital podrida es un simple y directo robo. Es muy semejante al escándalo de 1987, cuando llevó al quiebre del Saving & Loan’s (cajas de ahorro). El operador central de la estafa esa fue Charles Humphrey Keating Jr., cabeza visible de la mafia de cuello blanco que quebró el ahorro de los EUA y que terminó siendo salva por la intervención promovida por el entonces presidente Ronald Reagan. Conocido como una medida de “Reaganomics”, el ex-galán de Hollywood autorizó la ejecución del rescate de las instituciones financieras aplicando dinero público.

Esta hipótesis parte de fuente especializada y cuyo centro nervioso es la comunidad de informaciones del Estado francés. En el jueves 25 de septiembre el periódico La Vanguardia (Barcelona, Región Autonómica de la Catalunya, Estado Español) presenta en suya contra tapa una autoridad policial. La entrevista hecha por el reportero Lluís Miguet, es con un comisario divisional (equivalente al puesto de coronel) de la Direction de La Surveillance du Territoire (DST, agencia de contra espionaje francés), subordinada al Ministerio del Interior. El especialista, Jean-François Gayraud, es el único mando del órgano autorizado a dar entrevistas y es autor de un libro acerca de la geopolítica de la macro criminalidad financiera (El G-9 de las Mafias del Mundo). Jean-François es el encargado del órgano para combates a crímenes económicos.

Él presenta una tesis bastante razonable, cuya semejanza con el fraude de 1987 está en el modus operandi. Afirma Jean-François que un banco puede equivocarse en hasta 10% de los préstamos, pero no en miles de ellos. Eso por sí sólo ya caracteriza gestión temeraria. Partiendo de esa premisa el fraude se inicia a través del tráfico de influencia. Para ocupar puestos-llave en “bancos de inversión”, entran en acción contactos políticos de 1º, 2º y 3º escalón. Estos operadores ocupan cargos de mando y autoridad en una institución financiera, controlando las operaciones de crédito y riesgo. Después de, personas de confianza se conceden montantes gigantescos de préstamos, sin garantía real. La forma de aumentar la burbuja especulativa es a través de la industria inmobiliaria. Ejemplos de casos pertinentes de la especulación y aumento de metro cuadrado de forma absurda ya ocurrieron también en la costa de Marbella en el territorio del Estado Español; de la presencia de la Camorra y del Banco de Vaticano como fomentador inmobiliario; de la venta de apartamentos y terrenos para gringos del Panamá; de la desnacionalización del territorio uruguayo, de entre otros “agujeros negros” de la especulación del suelo urbano y urbanizado global.

Volviendo al modus operandi de la mafia del Sub Prime, mafia esta compuesta por parte de la élite de los EUA, la operación pasaba por contratos con constructores, fomento para la construcción, correctores. Simultáneamente, operarios públicos y privados aprueban los créditos podridos avalizados por empresas de análisis de riesgo que corroboran la aventura financiera. Un ejemplo absurdo es lo de la empresa “de análisis de riesgo” Standard & Poors, que como centro de excelencia de estafador no consiguió identificar a suspensión de pagos inminente del Banco de Inversión Lehman Brothers. Este “banco” por señal tuvo parte de sus hombres de 2º escalón prendidos por el FBI. Esta “empresa” especializada afirma no haber percibido de la suspensión de pagos inminente y del fraude de los balances de Cualquier semejanza con la burbuja inmobiliaria japonesa del final de la década de ’80 no es ninguna coincidencia. El raciocinio del comisario François apunta esa cadena de eventos como un método recurrente. Y acuerda que el candidato republicano, el senador John McCain era conocido como uno de los “Keating’s Five”; o sea, uno de los cinco senadores de confianza del “inversor” Charles Keating ofreciendo “blindaje y apoyo” económico.

Esto también es verificable en el libro "McMáfia, crimen sin fronteras" (edición brasileña de la Cia de las Letras, 2008) del periodista conservador inglés Misha Glenny. No podemos confundirnos entre el posicionamiento político y precisión de datos y la honestidad de la información. El libro de Glenny es una obra-prima para la lectura de las mafias de la globalización y se hay discordancia es en la solución presentada (más ley, más Estado, pretensa regulación, supuesta neutralidad estatal) y no en las críticas y análisis del problema. El eje de la investigación de Misha Glenny apunta el nexo político-criminal como forma esencial de acumulación privada.

Vean lo que este periodista inglés constató cuando del estouro de la crisis inmobiliaria de los EUA ya en 2007:

“A mediados de 2007, el colapso del mercado inmobiliario de alto riesgo señaló al mundo cuanto esa estructura se parece con un castillo de cartas. Cuando decenas de miles de estadounidenses con capacidad dudosa de pago ya no podían aguantar los intereses crecientes de sus hipotecas y dejaron de honrarlas, instituciones financieras de todo el mundo sintieron el baque. Los bancos céntricos de Europa comunitaria, Japón, Australia y el Fed (EUA) pusieron más de US$ 150 mil millones de dólares de los contribuyentes en los mercados globales para impedir una crisis aún mayor. Es decir más o menos lo que los contribuyentes de la Unión Europea pagan todo año para los fraudes de tipo tiovivo”.

Traduciendo, es así que se roba y se practica el crimen de tipo fraude financiero, como una forma de crimen sin víctimas físicas. En esta modalidad, que es hija directa de la liberalización del flujo entre mercados financieros, quienes sufren es el dinero del contribuyente. El rombo siempre es pagado desplazando los recursos de toda una sociedad. Esos recursos desviados, o sea, el espacio del agujero de moneda digital que tiene que ser cubierta por nosotros mismos, escurre para los llamados “paraísos fiscales”, como las Islas Cayman, las Islas Vírgenes Británicas, Aruba, la plaza financiera uruguaya, en la Isla de Jersey, en el principado de Luxemburgo de entre otras cloacas sanitarias que drenan los recursos de tipo financiero en todo el mundo.

Tanto el periodista inglés Misha Glenny como el comisario de la DST francesa Jean-François Gayraud concuerdan con la solución de tipo institucional. Para ambos especialistas, la solución lógica sería un pacto entre los Estados desarrollados y sus gobiernos de turno, y tomar la decisión de cerrar los “paraísos-cloacas” financieros del mundo. Porque se no tiene lastro material el dinero, es para ahí que corre el dinero financiero desviado de las sociedades concretas que lo generaron. Pero eso es simplemente inviable de parte de los gobiernos, una vez que el sistema financiero es parte del arreglo de dominio de la globalización y esos agujeros sin fin son estratégicos para el capitalismo de tipo globalizado. Sin el ralo del agoto financiero, las plazas bancarias tendrán que quemarse, como hube con la plaza Suiza, tal es el caso del Banco UBS y del Credit Suisse, flagrados actuando como agiota de cualquier zona baja de una gran ciudad.

Es preciso comprender la naturaleza de tipo criminal, aventurera, insana y absurda de los reyes del casino financiero global. No hay ningún pudor de esa gente en robar sus propios accionistas en un balance, quebrar un país o extinguir los recursos de una sociedad entera. La “crisis del capitalismo” como los profetas del apocalipse quieren en los hacer creer – y así repiten lo que nos dice el FMI – fue uno exagero en la roubalheira y la quiebra total de los límites de riesgo moral (moral hazard) al operar las finanzas del país más poderoso del mundo. La saña fue tamaña que la base de apoyo de Bush Jr. puede ser el mayor verdugo del modelo NeoCon de gobernar.

Para salvar las finanzas bancarias, llaman la solución de la mano derecha del Estado y de los bloques económicos. Estos operan de forma coordinada, reproduciendo en escala mundial lo que hicieron en Chile de Pinochet. Allá se vivió la armonía del fascismo financiero, operando un palo de hube arado y una calculadora financiera. Ahora, en la era digital, el Estadio Nacional de Santiago se localiza en centros de horror como Guantánamo; y gente de la calandra de los Chicago Boys ya no son la minoría como eran en la primera mitad de la década de ’70, pero hegemonía del pensamiento capitalista, gobernando los destinos de las riquezas de la humanidad desde el Casino de Wall Street.

BL Rocha es politólogo y periodista, militante de la Federación Anarquista Gaúcha (FAG: www.vemelhoenegro.org/fag).

Bruno Lima Rocha, politólogo y militante anarquista de la FAG.-

Con la debacle de Wall Street uno se olvida de que Estados Unidos pelea dos guerras. Pero el mundo sigue girando y mañana arranca un proceso clave para el futuro de esas guerras y de todas las guerras, las de ahora y las que están por venir.

En las sesiones del Primer Comité de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Desarme y Seguridad Internacional que empiezan mañana, se discutirá la propuesta de un Grupo de Expertos nombrado por la organización para crear un tratado que regule la venta de armas.

El propósito es evitar que las armas terminen en manos de ejércitos privados, habituales protagonistas de las guerras modernas, que los expertos han dado en llamar “conflictos de baja intensidad”, porque las matanzas se estiran en el tiempo en vez de ocurrir todas juntas.

Previsiblemente, el principal oponente al tratado no es otro que Bush. Parece que todavía no le cayó la ficha. El crac demostró que los mercados necesitan controles, pero él todavía defiende el libre comercio de ametralladoras.

Por eso, entre las muchas herencias que formarán parte del legado de George W. Bush, hay que anotar ésta: mientras él se oponía a cualquier regulación que estropease el negocio del lobby del rifle, Latinoamérica se llenó de armas de fuego estadounidenses y gran parte de ese arsenal terminó en las manos de grupos insurgentes, secesionistas, paramilitares y narcoterroristas.

Según estudios recientes, las exportaciones de Estados Unidos a la región no se limitan al armamento pesado de uso estrictamente militar, sino que la potencia del Norte es por lejos la principal exportadora de armas cortas y ligeras, categoría que incluye ametralladoras, granadas y lanzamisiles portátiles. Esas mismas armas regaron con sangre la selva colombiana, las favelas brasileñas y las fronteras mexicanas.

En el ámbito mundial, el tráfico de armas ligeras mueve más de seis mil millones de dólares por año y menos de la mitad de los países exportadores informa sobre sus ventas. Las armas livianas causan el noventa por ciento de las bajas en conflictos armados a un ritmo de al menos 140 muertes por hora, más que la epidemia de sida en su peor momento.

Hasta ahora los países exportadores de armas como Estados Unidos, Rusia o India han tenido éxito presentando el tema como un asunto comercial, desligado de la política exterior.

En el 2001, el entonces subsecretario de control de armas estadounidense John Bolton advirtió en la ONU que su país no tiene la menor intención de regular la comercialización de material bélico, y recordó que en su país la portación de armas es un derecho constitucional. “(Las regulaciones propuestas) impedirían la asistencia a un grupo oprimido que no sea gubernamental para que se defienda de un gobierno genocida”, argumentó el embajador. Esa vez, el discurso de Bolton sirvió para cerrar la discusión. Pero los tiempos cambian.

En los últimos meses un nuevo actor entró en juego con el objetivo de obligar a los gobiernos a tomarse el problema en serio. Ese actor es la sociedad civil, representada por una alianza de organizaciones no gubernamentales (ONG) encabezadas por la principal organización de derechos humanos en el orden mundial, Amnesty International, la agencia de ayuda humanitaria más reconocida del planeta, Oxfam, y dos de las más renombradas ONG de la región, Fundación Arias para la Paz y Viva Río.

Parece que los voluntarios de esas agencias se cansaron de ver sus esfuerzos frustrados por pistoleros y bandidos armados hasta los dientes en las zonas críticas donde trabajan. Por eso promueven la creación de un Tratado de Comercio de Armas que imponga criterios objetivos para decretar un embargo cuando se comprueban violaciones a los derechos humanos en el país comprador, o desvíos a terceros países en problemas. Hasta ahora los embargos se deciden en votaciones del Consejo de Seguridad teñidas por la geopolítica.

Las ONG nombradas forman parte de un comité internacional que asesora al Grupo de Expertos, integrado por representantes de Brasil, Costa Rica, Kenia, Australia, Reino Unido, Japón y Argentina. Preside el grupo el ex vicecanciller argentino, Roberto García Moritán, ya que para el gobierno de Cristina Kirchner forma parte de su política de derechos humanos. Esta semana la ONU votará a favor o en contra de darle un mandato al Grupo de Expertos para que redacte el tratado y lo haga circular. Por eso en estos días las ONG han intensificado sus campañas.

Hace dos semanas Amnesty presentó un informe que, entre otras cosas, responsabiliza a Estados Unidos por demorar y entorpecer el tratado. Además acusa a Estados Unidos y Gran Bretaña de inundar el mercado iraquí con más de un millón de armas desde 2003. El informe habla de “actores dudosos”, “ausencia básica de rendición de cuentas” y “desvíos a grupos armados y mercados ilícitos” en ese país.

También hace dos semanas los 26 gobernadores de México le exigieron al presidente Felipe Calderón que presente una queja formal en Estados Unidos por “la venta indiscriminada de armas de guerra en 10.000 puntos fronterizos entre México y ese país”. Calderón por ahora no trasladó la queja a Washington.

Por su parte, una ONG argentina, Asociación para Políticas Públicas, que también integra el comité internacional, presentó en la ONU hace pocas semanas un completo informe de transferencias legales de armas en América latina entre 1994 y 2006, realizado a partir de la información disponible en la base de datos de comercio exterior de la ONU, Comtrade.

El informe contiene algunos datos dignos de mención. Por ejemplo:

- El principal exportador de armas a la región es Estados Unidos, con un 33,2 por ciento del total, seguido por Israel (10,4%) y Sudáfrica (8,6%). “Estados Unidos, dice que tiene como principal prioridad la seguridad, pero al mismo tiempo es el principal exportador de armas a la región, en especial de armas pequeñas, las cuales además de alimentar la violencia ya existente pueden o son desviadas hacia el crimen o el terrorismo”, dice Diego Fleitas, autor del informe.

- Colombia es el principal importador de armas con un 37% del total (U$S 868 millones) seguido por México con un 18% (U$S 431 millones) y Brasil con el 10% (U$S 232 millones). Justamente se trata de los tres países que más problemas tienen con el paramilitarismo y el narcoterrorismo.

- El mayor crecimiento en la compra de armas se observa en Venezuela (482%) seguido por Colombia (158%). Sin embargo, en volumen total las compras colombianas cuadriplican a las venezolanas. Estas cifras sugieren que se desató una carrera armamentista entre los dos países.

- El armamento ruso incrementó su presencia en la región en un 4400%, aunque sólo controla el ocho por ciento del mercado. La reconversión de las FF.AA. venezolanas hacia el armamento ruso que impulsa el gobierno chavista preocupa a Washington, porque históricamente las principales guerrillas de la región se han pertrechado con armamento de origen ruso o soviético, como es hoy el caso de las FARC.

Por el lado de las exportaciones de armas, desde la región también surgen datos preocupantes. Estados Unidos es, nuevamente, el principal comprador de armas latinoamericanas, con un 53% del total. Pero hay más.

- México se ha convertido en el segundo exportador de la región, detrás de Brasil y delante de Argentina, al haber aumentado 253% su producción en los últimos doce años. En la Argentina, durante el mismo período, la producción cayó un 40%. El principal rubro de las exportaciones de material bélico mexicano es el de partes de armas, alentado por la demanda incesante de las fábricas estadounidenses.

- Los países latinoamericanos no siempre respetaron los embargos de armas dispuestos por la ONU. Es el caso de Argentina, que les vendió armas a Libia en 1995, y Brasil, que le vendió a Eslovenia y Croacia entre 1994 y 1996, o sea apenas meses después de que se desatara un escándalo por la venta de armas argentinas a la misma región.

- Brasil también le vendió armas a países con serias violaciones de derechos humanos como Zimbabue, Angola, Indonesia, Nepal o Sri Lanka.

- Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Panamá y Uruguay no fabrican armas pero las exportan, por lo que podría haber violaciones del certificado de destino final o triangulaciones.

- Argentina y Brasil, a pesar de tener misiones de paz en Haití, han exportado millones de dólares en armas pequeñas y municiones a República Dominicana, país que es señalado por sus débiles controles y por ser un lugar de desvío de armas hacia Haití. Como resultado se da el absurdo de que los cascos azules son blancos de ataques con armas fabricadas en los países de donde provienen.

Los controles, si los hay, fallaron. En el 80% de las exportaciones y el 70% de las importaciones en la región, alguna de las partes no tiene o no brinda información sobre su existencia, asegura el informe.

El lobby de las armas norteamericano, con el finado Charlton Heston y Sarah Palin como estandartes, y el chino, el ruso y el indio, conforman un bloque granítico. Ninguna estadística lo conmueve. Sus argumentos son archiconocidos. Las armas no matan, sino la gente que las usa. El mundo es peligroso y hay que defenderse.

La semana pasada piratas somalíes interceptaron un barco ucraniano que transportaba armas supuestamente compradas por Kenia, pero que en realidad estarían destinadas a Sudán. “Nosotros queremos dinero, no armas, porque las armas le han hecho mucho mal a mi país”, declaró uno de los delincuentes horas después del abordaje.

Queda claro que el mundo está en problemas cuando hasta un pirata somalí tiene más escrúpulos que el ocupante de la Casa Blanca.

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